Hace décadas, con aquel grito, un grupo de pequeños agricultores reclamó en el congreso de la UNCTAD que la comunidad internacional abriera los ojos y percibiera el daño causado por su política de ayuda a los países en desarrollo. Dicha política se basaba en conceder préstamos en condiciones favorables para respaldar el suministro de materias primas de esos países a las empresas del primer mundo. En realidad, las economías débiles apenas podían devolver esos fondos, que se acumulaban como deuda impagada hasta alcanzar un nivel en el que los países perdonaban la deuda o renegociaban plazos muy largos, convirtiéndola, de hecho, en una forma moderna de colonización.
Sin embargo, pese a las enormes sumas involucradas, el sistema no aportó soluciones eficaces a los problemas de los países proveedores, que necesitaban más una auténtica implantación de economías de mercado que nuevas inyecciones de fondos, las cuales, en la práctica, ayudaron a grandes multinacionales a mantener vivo un mercado de materias primas muy rentable.
La opinión pública tardó años en darse cuenta de que había que hacer algo para detener esa rueda y cambiar el enfoque del problema, recordando el mandato bíblico: «No le des pescado, enséñale a pescar».
Fue una agencia pública neerlandesa, Solidaridad, la primera en lanzar un producto etiquetado como «Comercio Justo», informando a los consumidores del primer mundo de que dicho producto —el café mexicano Max Havelaar— se adquiría a una asociación de pequeños productores gestionada según criterios democráticos y se comercializaba conforme a las normas del Comercio Justo; es decir, pagando a los productores un precio mínimo que cubriera sus costes de producción y garantizara cierta rentabilidad.
No fue casualidad que el primer producto de «Comercio Justo» fuera el café, ya que reunía una serie de requisitos que lo convertían en el artículo ideal para lanzar la iniciativa: los consumidores se encuentran en el primer mundo —de hecho, Europa es el continente que más café consume—, mientras que lo producen miles de millones de pequeños agricultores que viven en África, Sudamérica y Asia, en su mayoría en condiciones muy precarias; se considera un artículo de lujo, fácil de etiquetar y destinado a consumidores de alto poder adquisitivo que, en cierta medida, son conscientes de la necesidad de ayudar a los países más pobres en su desarrollo.
Hoy en día, el número de iniciativas ha aumentado considerablemente: ya no se limitan al cultivo de determinados productos, sino que abarcan aspectos como la protección del medioambiente, el desarrollo sostenible de los bosques tropicales, el uso adecuado de los recursos hídricos y/o el turismo sostenible.
Al adherirse a estas iniciativas, los organismos multilaterales, los gobiernos, las ONG y las empresas de importación y exportación se comprometen a respetar en sus transacciones comerciales un conjunto de normas establecidas, que van desde la prohibición del uso o comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso o en condiciones laborales cercanas a la esclavitud, hasta la fijación de un precio justo que permita la sostenibilidad de la actividad productiva en el país en desarrollo y favorezca su integración en el mercado internacional.
Por otro lado, al etiquetar un artículo o servicio como producto de Comercio Justo, la empresa accede al mercado con una ventaja competitiva, ya que demuestra su respeto por unos valores que lo hacen más atractivo para los posibles compradores. Cuando el consumidor elige en los estantes del supermercado un producto adherido a alguna de estas iniciativas, aunque su precio pueda ser considerablemente más alto que el de productos similares, sabe que su aportación ayudará al desarrollo de los países productores y de sus habitantes, mejorará sus condiciones de vida, promoverá el bienestar social y combatirá las injusticias del comercio convencional.
Adherirse a estas iniciativas beneficia a todos los participantes del mercado: productores, asociaciones de compra, consumidores, etc., pero también a los bancos que financian estas transacciones, porque la existencia de entidades que conceden los certificados necesarios y realizan auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las normas permite a los bancos comprender mejor las actividades comerciales de sus clientes.
Carlos
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